sábado, 24 de octubre de 2026

Ajuste por inflación 2026: cómo calcularlo y pagar menos ISR en RD.

 Para abordar este importante tema, es apropiado iniciar por su conceptualización. Desde una perspectiva macroeconómica, la inflación se manifiesta en la pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero, dicho de otra manera, implica que una misma cantidad de recursos monetarios, permite adquirir una menor cantidad de bienes y servicios en comparación con periodos anteriores. En el lenguaje coloquial suele expresarse la frase “el dinero ya no rinde”. En ese sentido Blanchard (2019) define la inflación como un aumento sostenido del nivel general de precios.

Desde la perspectiva tributaria, el ajuste por inflación constituye un proceso de corrección fiscal que procura actualizar los valores de las partidas no monetarias por los efectos de la inflación.

En este contexto, el artículo 327 de la Ley No. 11-92 que instituye el Código Tributario de la República Dominicana y el Reglamento 139-98, para la aplicación del título II de dicho código establecen el fundamento jurídico del ajuste por inflación.

Para el ejercicio fiscal finalizado el 30 de junio de 2026, la Dirección General de Impuestos Internos, mediante Resolución estableció el multiplicador aplicable para el ajuste por inflación. La siguiente imagen muestra la resolución emitida por la DGII donde se oficializa el multiplicador para los contribuyentes cuyo ejercicio fiscal concluyó en la fecha indicada.    

Conviene puntualizar, que el citado artículo 327, instaura el ajuste por inflación a diversos conceptos de naturaleza tributaria entre los que se encuentran para los tramos de la escala impositiva anual; las pérdidas netas por operaciones; y otras cantidades expresadas en pesos dominicanos.

De manera reglamentaria el Decreto 1520-04 del año 2004, introdujo modificaciones al Reglamento 139-98, instituyendo disposiciones puntuales en la determinación del patrimonio fiscal y la distribución del ajuste fiscal patrimonial.

Dado lo anterior, el Artículo 98 del referido reglamento establece que el patrimonio fiscal se determina mediante la diferencia entre los activos y pasivos fiscales, tomando en cuenta las exclusiones previstas en dicho artículo.  

Como regla fundamental, cuando dicha diferencia arroje un resultado positivo, podrá aplicarse un ajuste fiscal patrimonial. En cambio, si el resultado es igual a cero o negativo, no se generará un ajuste fiscal patrimonial positivo.

Para una mejor comprensión integral del tema, resulta pertinente examinar algunos conceptos clave contemplados en el reglamento:

Partidas Monetarias: Son aquellas que representan una suma fija de dinero y se caracterizan porque pierden valor en el proceso inflacionario y no requieren ajustes. Entre estas se encuentran el efectivo, cuentas por cobrar y otras partidas monetarias.

Partidas No Monetarias: Son aquellas que aumentan de valor en el proceso inflacionario y requieren ajustes para indicar su valor actualizado. En esta categoría se encuentran los inventarios, bienes depreciables, activos en construcción, activos amortizables para fines fiscales, activos de capital (terrenos). Para empresas que se dediquen a la compra y venta de terrenos estos serán tratados como inventarios. 

Determinación del Saldo de Activos Fiscales: El saldo de activos fiscales de un negocio está constituido por la suma total de las partidas monetarias y no monetarias que integran sus activos. Esta determinación se efectuará sin considerar las siguientes partidas:

ü  Provisiones y reservas del activo no admitidas fiscalmente.

ü  Activos por impuesto sobre la renta diferido.

ü  Revaluaciones de activos sin efectos fiscales y sus depreciaciones o amortizaciones.

ü  Activos intangibles cuyo costo fiscal no sea deducible.

ü  Activos relacionados con arrendamientos financieros.

ü  Cuentas por cobrar a accionistas y terceros no relacionadas con el giro del negocio.

ü  Activos vinculados a actividades exentas o rentas no gravadas, considerando las excepciones reglamentarias.

ü  Participación patrimonial en las utilidades o pérdidas de inversiones en entidades relacionadas.



Determinación del Saldo de Pasivos Fiscales: El saldo de los pasivos fiscales está integrado por la suma total de las partidas monetarias y no monetarias del pasivo del negocio, sin considerar las siguientes:

ü  Provisiones y reservas no admitidas a los fines fiscales;

ü  Pasivos por impuestos sobre la renta diferidos.

ü  Otros pasivos, según la casilla 30 del Anexo D-2

Patrimonio fiscal: se determina restando los saldos netos de las bases fiscales de activos y pasivos al inicio del período fiscal.   


¿Cómo se determina el ajuste fiscal?

Aplicando la tasa de inflación del 5.67 %, procedente del multiplicador de actualización de 1.0567, sobre el menor valor entre el patrimonio fiscal y el saldo de los activos no monetarios sujetos al ajuste.


 


Como resultado de la aplicación de la tasa de inflación, se determinó un ajuste fiscal patrimonial de RD$33,027,750.00, cuyo importe se distribuye proporcionalmente entre las partidas no monetarias como se muestra a continuación.

Como se muestra en cuadro anterior, el ajuste fiscal patrimonial de 33,027,750 se distribuye proporcionalmente entre los activos no monetarios, de acuerdo con la participación de cada partida. El importe perteneciente al inventario de 5,103,000.00 se traslada al anexo G como un ajuste negativo representando una disminución de la renta neta imponible. En tanto que, los activos categorías 1, 2 y 3 su distribución se traslada a los anexos D y D1 aumentando la base para cálculo de la depreciación lo que representa una mayor deducción del gasto de depreciación. En cuanto a los terrenos y las inversiones en acciones los ajustes aumentan su costo fiscal, con efectos en la determinación de la ganancia o pérdida de capital al momento de su venta.

En conclusión, la aplicación del ajuste por inflación, cuando corresponda, constituye una herramienta fiscal que permite reconocer los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Su aplicación puede generar beneficios tributarios para las empresas, mediante la reducción de la renta neta imponible. De esta manera, se procura mitigar los efectos de la inflación sobre los recursos necesarios para la reposición de inventarios, bienes depreciables y otros activos vinculados a las operaciones del negocio.




viernes, 4 de septiembre de 2026

Curso-Taller IR-2 2026 | Declaración Jurada conforme a la Ley 30-26

El Colegio Dominicano de Contadores Públicos de la República Dominicana presenta al público en general el  curso taller Declaración Jurada de Impuesto sobre la Renta, formulario IR-2 y Anexos y Amarres fiscales, actualizado conforme a las disposiciones de la Ley 30-26 sobre medidas pro-crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional.

El curso taller tiene como objetivo general capacitar a los participantes en la preparación de la Declaración Jurada IR-2 y amarres fiscales, de modo que, al finalizar la capacitación, cuenten con los conocimientos, la capacidad y la confianza necesarios para su correcta  elaboración y presentación.

Mediante este taller, el estudiante conocerá todo lo concerniente al ajuste fiscal, incluyendo la identificación de las partidas monetarias y no monetarias, los principales amarres fiscales y su importancia en la revisión del cierre fiscal, así como la creación de matrices de conciliación entre los registros contables, los estados financieros y los formularios fiscales.

También se abordarán las deducciones admitidas y no admitidas, las partidas sujetas a ajustes fiscales y los principales aspectos relacionados con su correcta determinación, entre los ellos:

• Determinación de ajustes fiscales positivos y negativos.
• Tratamiento fiscal de las pérdidas compensables.
• Ajuste por inflación conforme al Reglamento núm. 1520-04.
• Identificación de partidas monetarias y no monetarias para fines fiscales.
• Determinación del patrimonio fiscal y distribución del ajuste fiscal patrimonial entre las partidas no monetarias.




lunes, 27 de julio de 2026

Retenciones a contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST).

El reglamento 265-19 establece el régimen simplificado de tributación (RST) tanto para personas físicas como jurídicas, mismo que deroga el Reglamento 758-08 sobre Procedimiento Simplificado de Tributación (PST). Este régimen permite que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera más fácil, eximiéndoles de remitir información consistente en ingresos, costos y gastos por medio de los formularios de envíos de información 607 y 606; y del pago de anticipos de impuesto sobre la renta, debiendo pagar el impuesto de acuerdo a las  fechas establecidas para cada modalidad.

Retenciones de impuesto:

La Ley núm. 11-92, que crea el Código Tributario de la República Dominicana, establece en su artículo 309 los porcentajes que deberán retener las personas jurídicas y los negocios de único dueño a las personas físicas, incluidas las acogidas a este régimen. Con la Ley núm. 30-26, la retención se incrementó de un 10 % a un 15 %, lo que representa un aumento del 50 %.

Asimismo, el Reglamento núm. 139-98 para la aplicación del Título II del Código Tributario dispone, en su artículo 70, la forma en que deberán aplicarse las retenciones en los casos de renta presunta. La retención efectiva se incrementó de un 2 % a un 3 % con la entrada en vigor de la Ley núm. 30-26, lo que también representa un aumento del 50 %.

A continuación, se detallan los casos en los que aplica o no la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en operaciones realizadas entre contribuyentes acogidos y no acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST):

Secuencia

Prestador del servicio

Receptor del servicio

     Retención

ISR

 

1

Persona física acogida al RST

Persona física no acogida al RST

No aplica

 

2

Persona jurídica acogida al RST

Persona física o jurídica no acogida al RST

No aplica

 

3

Persona jurídica no acogida al RST

Persona jurídica acogida al RST

No aplica

 

4

Persona jurídica acogida al RST

Persona jurídica acogida al RST

No aplica

 

5

Proveedor de compra o informal

Persona física acogida al RST

No aplica

 

6

Proveedor de compra o informal

Persona jurídica acogida al RST

15% o 3%

 

7

Persona física no acogida al RST

Persona jurídica acogida al RST

15% o 3%

 

8

Persona física acogida al RST

Persona jurídica, acogida o no al RST

15% o 3%

 

 

 

 

 


 

 

 

Las personas jurídicas, acogidas o no al RST, y los negocios de único dueño deben retener el ISR a las personas físicas: un 15 % por servicios profesionales y un 3 % por servicios técnicos. Las personas físicas, no actúan como agentes de retención.


Retenciones de ITBIS:

El reglamento 265-19 en su artículo 9, párrafo II  establece que las personas físicas o jurídicas no acogidas al RST que adquieran bienes o servicios de contribuyentes acogidos al RST deberán retener el cien por ciento (100%) del ITBIS facturado.  

Secuencia  

Prestador del servicio

Receptor del servicio                

Retención ITBIS

1

Persona física o jurídica acogida al RST

Persona física o jurídica acogida al RST

No aplica

2

Persona física o jurídica no acogida al RST

Persona física o jurídica acogida al RST

No aplica

3

Proveedor de compra o informal

Persona física o jurídica acogida al RST

No aplica

4

Persona jurídica acogida al RST

Persona física no acogida al RST

100%

5

Persona física acogida al RST

Persona física no acogida al RST

100%

6

Persona física acogida al RST

Persona jurídica no acogida al RST

100%

7

Persona jurídica acogida al RST

Persona jurídica no acogida al RST

100%

 

 

 

 

 


 

Como se muestra en el cuadro, cuando un contribuyente acogido al RST vende bienes o presta servicios a un contribuyente no acogido, el receptor debe retener el 100 % del ITBIS facturado. No aplica retención cuando el receptor está acogido al RST, debido a que este régimen no permite acreditar retenciones ni adelantos de ITBIS.


miércoles, 15 de julio de 2026

Cambios introducidos en la Ley 30-26 respecto al pago de anticipos

Mediante la Ley 557-05, de fecha 13 de diciembre de 2005, se modificó el régimen del pago de anticipos, cuya aplicación fue establecida a partir del año 2006 para los contribuyentes del impuesto sobre la renta constituidos como personas jurídicas y negocios de único dueño.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley sobre Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, se introducen cambios en la determinación de los anticipos, los cuales serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2027.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación del pago de anticipos para las personas jurídicas y negocios de único dueño clasificados como microempresas, cuyos ingresos anuales no superen los RD$11,419,854.62, así como para los contribuyentes del sector agropecuario.

Por su parte, las personas jurídicas, entidades y negocios de único dueño clasificados como pequeñas empresas, cuyos ingresos anuales no superen los RD$77,084,018.72, así como las personas físicas y sucesiones indivisas, pagarán los anticipos sobre la base del 100 % del impuesto liquidado en su ejercicio anterior. Tales anticipos serán pagados en los meses y porcentajes siguientes: 50 % en el sexto mes, 30 % en el noveno mes y 20 % en el decimosegundo mes.

En el caso de las medianas y grandes empresas, se mantienen el mismo método de cálculo vinculado a la tasa efectiva de tributación. En ese sentido, las personas jurídicas y entidades cuya tasa efectiva de tributación sea menor o igual al 1.5 % pagarán sus anticipos en doce cuotas mensuales iguales, resultantes de aplicar el 1.5 % sobre los ingresos brutos declarados en el año fiscal anterior.

En cambio, cuando la tasa efectiva de tributación sea mayor al 1.5 %, pagarán mensualmente, como anticipo, la doceava parte del impuesto liquidado en su declaración del período anterior.

Finalmente, recordamos que las personas físicas no estarán sujetas al pago de anticipo cuando la totalidad de sus ingresos haya pagado el impuesto sobre la renta mediante la aplicación de retención.

 


jueves, 2 de julio de 2026

Entrada en vigencia del impuesto de 0.0020 sobre cheques y transferencias electrónicas

 

Las entidades de intermediación financiera de la República Dominicana deberán aplicar el impuesto de 0.0020, equivalente a (2 por mil) sobre el valor de los cheques y transferencias electrónicas a partir del 3 de julio de 2026.

El incremento de 0.0015 a 0.0020 representa un 0.0005, equivalente a un 33.33%. En término práctico, una transferencia o un cheque por la suma de RD$1,000,000.00 que anteriormente generaba un impuesto de RD$1,500, ahora generará RD$2,000.00.

El artículo 40 de la Ley núm. 30-26 establece que estarán excluidas de este impuesto las siguientes operaciones:

✓ Retiros de efectivo, tanto en cajeros electrónicos como en oficinas bancarias.
✓ Transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona.
✓ Consumo realizados con tarjetas de crédito.
✓ Pagos a la Seguridad Social.
✓ Transacciones y pagos realizados por los fondos de pensiones.
✓ Pagos realizados al Estado dominicano por concepto de impuestos.
✓ Transferencias que el Estado deba realizar de estos fondos.
✓ Transacciones realizadas por el Banco Central.